De 25.000 puestos menos a un algoritmo que tumbó un Gobierno: lo que Países Bajos nos enseña sobre servir a las personas.
Estamos en Inteligencia Artificial para gente real, una serie semanal para la Cadena SER, dentro del programa A vivir Cantabria. Estamos en Inteligencia Artificial para gente real, una serie semanal para la Cadena SER dentro del programa A vivir Cantabria. En cada episodio exploramos las noticias e historias que nos ayudan a comprender cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Porque la noticia es solo el principio.
Imagina a una vecina de Torrelavega que lleva meses esperando respuesta a una ayuda. Ha entregado los papeles, ha llamado varias veces y sigue sin saber qué ocurre con su solicitud. Cuando oye hablar de inteligencia artificial en la Administración, probablemente no piensa en modelos de lenguaje ni en programas informáticos. Quiere saber si alguien va a contestarle antes, explicarle lo que pasa y hacerse responsable de la decisión.
Esa escena cotidiana permite mirar de otra manera una noticia llamativa: Países Bajos plantea reducir en unos 25.000 puestos equivalentes a jornada completa su Administración central hacia 2035. La IA aparece entre las herramientas del plan. Pero entre ese anuncio y el titular «la inteligencia artificial sustituirá a 25.000 funcionarios» hay una distancia considerable.
En este tercer episodio de la segunda temporada nos hacemos una pregunta que va más allá de la tecnología: ¿qué Administración queremos construir con el tiempo que podamos recuperar?
El capítulo de hoy se puede escuchar en el programa aquí, a partir del minuto xx:xx:
Qué ha anunciado realmente Países Bajos
El Gobierno neerlandés presentó su propuesta el 26 de octubre de 2026. Prevé un ahorro de 900 millones de euros en 2027, que aumentaría hasta 3.500 millones anuales desde 2035, y una reducción estimada de 25.000 puestos equivalentes a jornada completa. Son objetivos: no resultados obtenidos ni un anuncio de 25.000 despidos ejecutados por una IA.
El plan combina simplificación normativa, reorganización, uso de edificios y sistemas informáticos, compras conjuntas y productividad. Los objetivos y planes de ahorro específicos mediante IA se anunciarán en el primer trimestre de 2027. Por tanto, todavía no puede atribuirse a esa tecnología una cantidad concreta del ahorro previsto.
También plantea eliminar o simplificar al menos 500 reglas cada año, evitar que las personas vuelvan a aportar datos que la Administración ya posee y ayudarlas aunque contacten inicialmente con la oficina equivocada. Policía y Defensa figuran entre las excepciones a los recortes. Habrá que examinar cómo se distribuyen y qué consecuencias tienen sobre los servicios.
La discusión merece más precisión que una competición de titulares. Una cosa es aprobar un objetivo presupuestario; otra, demostrar que una herramienta permite alcanzarlo sin deteriorar la atención.
Antes de automatizar un trámite, preguntémonos si hace falta
Como funcionario y como ciudadano, veo mucho margen para mejorar. Preparar documentos casi idénticos, buscar antecedentes dispersos o trasladar datos entre formularios puede consumir un tiempo que después falta para estudiar bien un expediente o explicar una respuesta.
Pero conviene empezar un paso antes. Automatizar un trámite inútil es fabricar burocracia a mayor velocidad. Si un dato ya está disponible y puede reutilizarse legalmente, pedirlo otra vez no mejora porque un asistente redacte más deprisa el requerimiento. Si una instrucción resulta incomprensible, convertirla en un formulario digital tampoco resuelve el problema.
La simplificación exige revisar qué pedimos, para qué sirve y qué dificultades encuentra quien está al otro lado. Después podremos decidir qué tareas tiene sentido automatizar y cuáles necesitan atención personal.
Mi objetivo con la IA es hacer mejor el trabajo: recuperar tiempo de lo mecánico para pensar, comprobar y atender con más cuidado. Esa intención debe traducirse en decisiones de organización; la tecnología, por sí sola, no determina a qué se destina el tiempo ganado.
Un borrador puede ayudar; una firma sigue teniendo consecuencias
Pensemos en un informe administrativo. Un asistente podría ayudar a localizar documentos, ordenar antecedentes, resumir informes anteriores o preparar un primer borrador. También podría proponer una explicación más clara de una resolución: menos frases interminables y más información comprensible para quien la recibe.
El ahorro potencial es interesante, pero el borrador necesita revisión. Una referencia normativa puede estar desactualizada; un resumen puede omitir una excepción decisiva; una frase convincente puede contener un error. Además, los expedientes pueden incluir datos personales que requieren herramientas autorizadas y condiciones adecuadas de protección.
El empleado público debe contrastar los hechos y las fuentes y asumir la responsabilidad que corresponda. Pulsar «enviar» sin revisar transforma una ayuda en un riesgo.
Cuando hablamos de una actuación administrativa plenamente automatizada, el artículo 41 de la Ley 40/2015 exige determinar previamente los órganos responsables de aspectos como la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad, e identificar el órgano responsable a efectos de impugnación. Conviene distinguir ese supuesto de utilizar IA para preparar un texto que después estudia y decide una persona.
Diecinueve minutos: una oportunidad, no una plantilla sobrante
La evaluación del Ministerio de Trabajo y Pensiones británico, publicada en enero de 2026, aporta una pista. Su prueba de Microsoft 365 Copilot incluyó a 3.549 trabajadores entre octubre de 2024 y marzo de 2025. El análisis estimó un ahorro medio de unos 19 minutos diarios. Entre quienes respondieron sobre el uso del tiempo ahorrado, el 89 % señaló que lo destinaba a otras tareas laborales.
Hay que leer esos resultados con sus límites: se apoyan en medidas declaradas por los participantes, las licencias no se asignaron aleatoriamente y faltaba una medición inicial previa al ensayo. Son indicios útiles, no una garantía de que cualquier oficina obtendrá el mismo ahorro.
Tampoco permiten convertir minutos directamente en puestos prescindibles. Una jornada contiene tareas diferentes, responsabilidades que deben cubrirse y momentos de mayor demanda. Recuperar tiempo puede servir para reducir retrasos, revisar mejor o abordar trabajo pendiente.
Revisar plantillas y cuidar el dinero público es legítimo. Si podemos mantener o mejorar un servicio con menos recursos, merece estudiarse. Pero esa conclusión necesita evidencia sobre el servicio completo, no solo sobre la velocidad de una tarea.
Países Bajos ya conoce el coste de una decisión opaca
El debate neerlandés tiene un antecedente doloroso. Miles de familias fueron acusadas injustamente de fraude en ayudas para el cuidado infantil y sufrieron reclamaciones económicas devastadoras. El escándalo desembocó en la dimisión del Gobierno en enero de 2021.
No fue un caso de un chatbot que se equivocó. Intervinieron reglas rígidas, prácticas administrativas injustas y fallos de control. La investigación de Amnistía Internacional documentó también un sistema de clasificación de riesgo con aprendizaje a partir de datos. No tener nacionalidad neerlandesa elevaba la puntuación de riesgo.
Había revisión manual, pero los funcionarios no recibían información sobre por qué el sistema había marcado una solicitud. Esa opacidad impedía cuestionar adecuadamente sus resultados.
La lección es concreta: colocar a una persona al final del proceso no garantiza una supervisión efectiva. Necesita información suficiente, capacidad para detectar errores y autoridad para cambiar el resultado. De lo contrario, la revisión puede convertirse en una formalidad que deja intacto el problema.
BOSCO: tampoco hace falta IA para necesitar transparencia
En España, el caso BOSCO muestra que esta cuestión alcanza también al software que aplica reglas. La herramienta comprueba requisitos de acceso al bono social eléctrico. Civio reclamó conocer su código fuente para examinar su funcionamiento, tras detectar problemas que podían excluir a personas con derecho al descuento.
La sentencia del Tribunal Supremo 1119/2025, de 11 de septiembre, reconoció el derecho de la fundación a acceder al código. Puede consultarse su contexto en este análisis jurídico publicado por el BOE.
BOSCO no es una IA generativa. Precisamente por eso el caso resulta útil: el problema de la transparencia aparece siempre que un programa condiciona el acceso a derechos, aunque no genere textos ni aprenda de los datos. La sentencia tampoco significa que cualquier código deba publicarse sin valorar los límites legales de cada caso.
Para una persona afectada hay, además, otra necesidad: comprender por qué se ha obtenido ese resultado en su expediente. Acceder al código y recibir una explicación comprensible son cuestiones relacionadas, pero diferentes.
Las garantías no empiezan con el Reglamento de IA
El Reglamento General de Protección de Datos, aplicable desde 2018, reconoce en su artículo 22 el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente de manera similar.
No es una prohibición absoluta. Contempla excepciones, entre ellas la autorización por una norma europea o nacional que establezca garantías adecuadas. En el ámbito público hay que examinar esa base legal y las salvaguardas del procedimiento. Tampoco toda ayuda informática activa automáticamente el artículo 22: importa cómo se adopta realmente la decisión.
La explicación debe permitir entender y cuestionar lo ocurrido. En febrero de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo precisó en el asunto Dun & Bradstreet Austria: comunicar un algoritmo sin más no basta. Debe explicarse de forma comprensible qué datos personales se utilizaron y cómo influyeron en la decisión automatizada.
El Reglamento europeo de IA añade obligaciones específicas. Su anexo III incluye determinados sistemas destinados a evaluar el acceso a prestaciones y servicios esenciales de asistencia pública, o a concederlos, reducirlos, revocarlos o reclamarlos. Para los usos sujetos a esas obligaciones, prevé, entre otras garantías, evaluaciones de impacto en derechos fundamentales por parte de los organismos públicos responsables del despliegue.
Tras la modificación de 2026, la fecha general de aplicación de las obligaciones de alto riesgo correspondientes al anexo III es el 2 de diciembre de 2027, con disposiciones transitorias que deben examinarse según el sistema. Así lo recoge el calendario oficial de la Comisión Europea. Eso no suspende las garantías de protección de datos ni las del procedimiento administrativo que ya se aplican.
Si te deniegan una ayuda, «lo dice el sistema» no basta
Si sospechas que una decisión se ha tomado automáticamente, puedes empezar por pedir información concreta. Estas preguntas ayudan a orientar la solicitud:
- ¿Qué motivos justifican la denegación? Pide los hechos y fundamentos jurídicos aplicados a tu caso. La Ley 39/2015 exige motivación en los supuestos previstos en su artículo 35, incluidos los actos que limiten derechos o intereses legítimos.
- ¿Ha intervenido un sistema automatizado y qué papel ha tenido? Distingue entre una herramienta de apoyo y una decisión íntegramente automática. Cuando corresponda, solicita información significativa sobre la lógica aplicada y los datos utilizados.
- ¿Cómo puedo obtener una revisión efectiva? Pide que se examine tu situación y se corrijan posibles errores, invocando las garantías aplicables al procedimiento y al tratamiento de datos.
- ¿Qué recurso puedo presentar y dentro de qué plazo? Comprueba la notificación. Pedir explicaciones no suspende por sí solo el plazo para recurrir.
Si el problema afecta a tus derechos de protección de datos, puedes acudir al responsable del tratamiento, a su delegado de protección de datos y, cuando proceda, a la autoridad de control competente, como la AEPD. Esa reclamación no sustituye el recurso administrativo o judicial contra la denegación de la ayuda.
Medir la mejora desde el otro lado de la mesa
Para Cantabria, la oportunidad empieza con preguntas prácticas. ¿Qué tareas repetitivas consumen más tiempo? ¿Podría simplificarse algún trámite? ¿Qué necesidades siguen sin atenderse? Los profesionales que prestan el servicio deben participar en el diseño, junto con la experiencia de las personas usuarias.
Una prueba útil necesita objetivos verificables: tiempo hasta la respuesta, errores, documentos solicitados de nuevo, claridad de las comunicaciones y facilidad para conseguir ayuda. También debe contar el coste completo: herramientas, formación, adaptación, supervisión y corrección de fallos.
La atención humana sigue siendo importante para quien no domina la tecnología, tiene dificultades con el idioma o afronta una situación que no encaja en las opciones de un formulario. Redistribuir trabajo requiere planificación y presupuesto; el tiempo recuperado no llega solo a donde más falta hace.
Volvamos a nuestra vecina de Torrelavega. El éxito no consiste en que su expediente lleve una etiqueta de inteligencia artificial. Consiste en que reciba a tiempo una respuesta comprensible y fundada, y encuentre a alguien capaz de escucharla y revisar un error.
Si la IA nos ayuda a conseguirlo, exploremos sus posibilidades. Empecemos preguntando qué necesidades siguen sin cubrirse y cómo podemos organizarnos para atenderlas mejor.
La noticia es solo el principio.
Fuentes y enlaces para profundizar
El Plan de Países Bajos
- Kabinet werkt aan slagvaardige overheid: eenvoudiger, slimmer en kleiner. Gobierno de los Países Bajos (Rijksoverheid), 26 de octubre de 2026.
- Kabinet hervormt digitale dienstverlening. Dutch IT Channel, 26 de octubre de 2026. Plantilla de partida y recorte medio cercano al 20 %.
- Kabinet wil 25.000 rijksbanen schrappen. Wat merkt de burger daarvan? De Belegger, 26 de octubre de 2026.
La prueba del Ministerio de Trabajo y Pensiones británico
- An Evaluation of DWP’s Microsoft 365 Copilot Trial. Department for Work and Pensions, Gobierno del Reino Unido, 29 de enero de 2026.
El escándalo de las ayudas al cuidado infantil en Países Bajos
- Xenophobic machines: Discrimination through unregulated use of algorithms in the Dutch childcare benefits scandal. Amnistía Internacional, 25 de octubre de 2021.
- Dutch childcare benefit scandal an urgent wake-up call to ban racist algorithms. Amnistía Internacional, octubre de 2021.
El caso BOSCO en España
- Sentencia del Tribunal Supremo 1119/2025, de 11 de septiembre (rec. 7878/2024): resumen. CEF Civil Mercantil.
- La sentencia «Bosco»: un punto, importante, y seguido. Juli Ponce Solé, Almacén de Derecho, 2025.
- Spain: Legal fight over an algorithm’s code. AlgorithmWatch.
Normativa
- Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos. Artículo 22 (decisiones automatizadas) y artículos 13 a 15 (derecho a ser informado).
- Reglamento (UE) 2024/1689, de inteligencia artificial. Anexo III, punto 5.a (ayudas públicas esenciales) y artículo 27 (evaluación de impacto en derechos fundamentales).
- Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus Digital sobre IA). Aplaza al 2 de diciembre de 2027 las obligaciones de alto riesgo; en vigor desde el 27 de julio de 2026.
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 41 (actuación administrativa automatizada).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 35 (motivación de los actos).
Sentencias y criterios europeos
Evaluar la intervención humana en las decisiones automatizadas. Agencia Española de Protección de Datos.
Sentencia del TJUE en el asunto C-203/22, Dun & Bradstreet Austria: comunicado de prensa. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27 de febrero de 2025.
Sentencia del TJUE en el asunto C-634/21, SCHUFA. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 7 de diciembre de 2023.
Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles (WP251 rev.01). Grupo de Trabajo del Artículo 29, febrero de 2018.